Parece que no todo está perdido. El Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente, ha dado luz verde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar la denuncia constitucional presentada contra la congresista Rosío Torres Salinas (APP), por el presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho, conocido como el caso “Mochasueldos”.
Con 26 votos a favor, ningún voto en contra y una abstención, se aprobó el plazo respectivo para investigar la Denuncia Constitucional 456, interpuesta por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la legisladora Rosío Torres por el presunto delito de concusión.
La subcomisión del Parlamento, presidida por Lady Camones, deberá elegir a un parlamentario para que se encargue de la investigación y presente un informe final. Rosío Torres ya enfrenta acusaciones por presunto abuso de su posición como congresista y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso durante el periodo 2021-2022.
A la parlamentaria de Alianza para el Progreso se le imputa haber instigado, a través de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, a diez empleados de su oficina congresal y de la mencionada subcomisión para que entregaran parte de sus salarios en beneficio de la congresista.
Cabe recordar que, en marzo pasado, el Poder Judicial dispuso el levantamiento del secreto bancario de la congresista Rosío Torres, así como de su sobrino Juan Pérez. Esta medida fue parte de las investigaciones en curso para determinar la veracidad de las acusaciones y el alcance de los presuntos delitos cometidos.
La decisión del Congreso de investigar a Torres representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder dentro del sistema político peruano. La ciudadanía espera que las investigaciones se lleven a cabo de manera transparente y justa, y que se tomen las medidas necesarias para sancionar cualquier acto indebido.
