El Congreso de la República rechazó, en segunda instancia, la solicitud hecha por el expresidente para acceder a una pensión vitalicia de S/15.600 al mes en su calidad de exjefe de Estado.
El pasado 26 de marzo, Castillo Terrones formuló dicha solicitud al Parlamento; sin embargo, el Departamento de Recursos Humanos del Legislativo respondió, el 11 de abril, que el exmandatario “se encuentra incurso en la suspensión del derecho a percibir la pensión para expresidentes”, tras una denuncia constitucional en su contra seguida por el Congreso.
“Así es (lo rechazaron), y cuando se declara infundado el pronunciamiento es por el tema de fondo. Lo que vemos es que han recurrido a los mismos argumentos de la primera resolución. Es decir, que existe una acusación constitucional (aprobada en contra de mi cliente). Ese es el único fundamento. No han tenido en cuenta que él tenía ya un derecho adquirido”, sostuvo el exministro de Defensa Walter Ayala, abogado del ex jefe de Estado.
El letrado adelantó al citado medio que presentará una acción de amparo en contra del Parlamento ante una sala constitucional del Poder Judicial.
Según la Ley 26519, los mandatarios tienen derecho a recibir una pensión vitalicia; no obstante, este beneficio se suspende cuando el funcionario es acusado constitucionalmente, salvo sentencia judicial que declare su inocencia.
Uno de los argumentos principales del Parlamento para rechazar dicha solicitud es el hecho de que Castillo Terrones, que fue vaciado el 7 de diciembre de 2022 tras dar un golpe de Estado, tiene una acusación constitucional en contra.
