Un grupo de miembros de la comunidad campesina San Juan de Miraflores confrontó públicamente a su presidenta, Giralda Quispirimachi Huamán, para exigir una gestión transparente de los fondos recientemente entregados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC).
El centro del reclamo es el destino de seis millones de soles. Los comuneros demandan que estos recursos se inviertan en obras prioritarias, como el mantenimiento y mejoramiento de las calles, y en la atención a los sectores más vulnerables de la comunidad, cuyas necesidades, afirman, han sido ignoradas hasta ahora.
La protesta escaló en tono y se tornó en una denuncia directa. Los manifestantes acusaron a la presidenta de presunta corrupción y afirmaron que, a pesar de haber sido legalmente destituida (“vacada”) por la asamblea, se niega a abandonar el cargo. Según los comuneros, su negativa se debe al interés de administrar los fondos de CORPAC.
Esta situación ha generado una profunda división y malestar en la comunidad, que ahora espera una rendición de cuentas clara sobre el manejo de sus recursos.
